En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, el programa Glocal de Radio La Llagosta puso su mirada sobre un conflicto que ocurre en alta mar, pero que golpea directamente el futuro de las comunidades costeras y llega hasta el plato de comida de cualquier hogar en el mundo. Gran parte del calamar y el pescado congelado que se compra en los supermercados de España y Europa proviene justamente del Atlántico Sur, una zona bajo una alarmante presión extractiva.
Para profundizar en este impacto internacional, el programa contó con la participación de Raúl Matías Cereseto, presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP). La entidad acaba de presentar una rigurosa investigación titulada «Milla 200», en la que denuncian que la flota extranjera ya extrae hasta cuatro veces más recursos que la pesca argentina.
La «ciudad flotante» frente a la Milla 200
El informe de FULASP advierte una preocupante disparidad en las capturas del Atlántico Suboccidental. Mientras que la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, las flotas extranjeras extraen actualmente entre 1,5 y 3 millones de toneladas.
Según explica Cereseto, la mayor flota pesquera del mundo está estacionada frente a las costas de la región. Mientras Argentina cuenta con una flota de no más de 80 barcos dedicados al calamar —manteniendo un caladero saludable y con récords de captura debido a sus cuidados—, a pocas millas se concentra una masa de más de 500 buques extranjeros. Esta concentración, proveniente de China, Corea del Sur y Taiwán, opera justo en el límite de la zona económica exclusiva (milla 201) y es catalogada directamente como una «ciudad flotante».
«Esta flota quintuplica a la nuestra. Es una pesca descontrolada que va a las mismas especies que vamos nosotros, y las especies no entienden de soberanía. Tienen necesidades migratorias por alimentación y reproducción. El calamar baja del Atlántico Sur hasta Malvinas y, cuando regresa, se encuentra con un paredón que es esta flota extranjera que no lo deja ingresar».
Impacto ambiental, trazabilidad y denuncias de trabajo esclavo
A diferencia de la flota argentina, que opera con aperturas, cierres de temporada y zonas de veda, la flota extranjera permanece en la zona de manera descontrolada durante todo el año, sin importar los tamaños de los ejemplares ni sus momentos reproductivos.
Cereseto aclara que, técnicamente, cuando pescan fuera de la milla 200 no se trata de pesca ilegal, sino de pesca no declarada y no reglamentada. Sin embargo, destaca el daño al ecosistema:
- Especies migratorias en peligro: Los buques se estacionan frente a las costas para buscar los recursos que nacen y crecen en las zonas económicas exclusivas de países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador o Sudáfrica.
- Sin control de capturas: La fiscalización de estas capturas depende del estado de bandera (el dueño de la bandera del casco) y esos informes no son públicos, por lo que no hay acceso al volumen real de lo que capturan.
- Logística y condiciones humanas: La flota opera continuamente gracias a buques frigoríficos (reefers) que les proveen víveres y combustible en alta mar, permitiendo que pasen meses o años sin pisar tierra. El presidente de FULASP señala que existen múltiples denuncias públicas y notas periodísticas sobre casos de trabajo esclavo en alta mar dentro de esta flota, una situación que recalcó que no ocurre en el sector pesquero regulado de Argentina.
El impacto ya se hace notar en especies de ciclo corto como el calamar argentino, que vive apenas uno o dos años y se reproduce una sola vez en su vida. Cereseto advirtió que en las Islas Malvinas (territorio de ultramar británico cuyo stock es compartido con Argentina) ya se tuvieron que suspender dos temporadas seguidas de captura de calamar e Illex (loligo) debido a la falta de recursos. Asimismo, el informe enciende alarmas sobre la disminución de capturas y la afectación de ejemplares juveniles en otras especies migratorias como la merluza común, la merluza de cola, la polaca y el bacalao de profundidad.
El contraste económico con las Islas Malvinas
La investigación de FULASP también analiza la gestión pesquera en las Islas Malvinas. Con datos oficiales de 2024, el Reino Unido otorgó licencias que resultaron en la captura de más de 261.000 toneladas de recursos (incluyendo 146.000 de calamar y más de 54.000 de merluza común), generando ingresos por 39 millones de libras anuales. Esto representa aproximadamente el 75% de la economía de las islas.
Cereseto, quien realizó una investigación presencial en la Dirección de Pesca de Malvinas, comparó ambas realidades:
| Región | Población aproximada | Volumen de captura | Volumen de exportación | Permisos de calamar |
| Argentina | 50 millones de habitantes | 100% (Base de comparación) | 100% (Base de comparación) | 80 barcos o menos |
| Islas Malvinas | Menos de 4.000 habitantes | 30% respecto a Argentina | 50% respecto a Argentina | 106 permisos (+16 de loligo) |
El presidente de FULASP realizó una autocrítica hacia la política de su país, señalando que «Argentina es mucho el mirar al campo y muy poco el mar». Mientras Malvinas ha desarrollado una enorme infraestructura y calidad de vida gracias a la explotación pesquera, el sector en Argentina ha sufrido una mirada históricamente indiferente por parte de la política. El antecedente más grave ocurrió en el año 2024 (mencionado como 2094 en el registro de datos), cuando las autoridades de Malvinas cancelaron por completo la segunda temporada de calamar Loligo al estar las capturas por debajo de las 10.000 toneladas, un hecho irrefutable de que la pesquería falló.
Posibles soluciones sobre la mesa
Ante este escenario donde se ponen en juego miles de puestos de trabajo directos, divisas por exportaciones y la biodiversidad del Atlántico Sur, Cereseto apuntó a la necesidad de que el Gobierno Nacional Argentino actúe como interlocutor.
Entre las acciones propuestas, destacó la viabilidad de alcanzar acuerdos bilaterales con cada uno de los estados de bandera de los barcos que pescan en la milla 200 —cuyos detalles posee la Prefectura Naval—, así como reclamar ante organismos internacionales una zona de veda de 50 millas para desplazar a dicha flota. Asimismo, valoró positivamente la reciente firma argentina del «programa 333», una carta de intención con Estados Unidos para reforzar la vigilancia y el control en el Atlántico Sur.
«Necesitamos todos prestarle atención desde el país mismo para su correcto desarrollo y de las comunidades internacionales para, de alguna manera, trabajar de manera responsable por ellos y por nosotros», concluyó Cereseto.