Las autoridades israelíes han iniciado formalmente el proceso de liberación y posterior repatriación de los activistas de la Flotilla Global Sumud que permanecían bajo custodia militar. Tras la interceptación de las embarcaciones en aguas internacionales mientras intentaban romper el bloqueo naval y trasladar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, los más de 400 cooperantes internacionales de unas 45 nacionalidades están siendo conducidos a terminales aéreas para su expulsión del país.
De acuerdo con las confirmaciones legales de las últimas horas, la gran mayoría de los civiles extranjeros interceptados han abandonado los centros de detención temporales y la prisión de Ktziot, siendo escoltados hacia el Aeropuerto de Ramón, cercano a la ciudad sureña de Eilat, para tomar vuelos directos de regreso a sus países de origen de forma gradual.
Denuncias de humillación y el vídeo de Itamar Ben Gvir
El operativo de repatriación de los activistas no ha estado exento de una fortísima polémica internacional. La organización de derechos humanos Adalah (Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel) denunció abiertamente la existencia de abusos sistemáticos, hacinamiento y tratos degradantes durante las horas que duró el cautiverio en el puerto de Ashdod.
Las tensiones diplomáticas se elevaron después de que el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, publicara un polémico vídeo en sus redes sociales personales.
En la grabación se observa a decenas de los activistas de la Flotilla amarrados, arrodillados en el suelo bajo el sol y obligados a escuchar el himno nacional de Israel, acompañados de comentarios burlescos por parte del mandatario. Dicha actitud provocó el rechazo inmediato de múltiples cancillerías europeas y de la propia coalición organizadora de la misión humanitaria.
Nota de la organización: «Toda la operación, desde la interceptación ilegal en aguas internacionales hasta la tortura psicológica, la humillación filmada y la detención arbitraria de activistas pacíficos, constituye una flagrante violación del derecho internacional», declararon los servicios jurídicos encargados del caso.
Una ciudadana israelí, la única que permanece retenida
A pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha dado por iniciada la fase final de la salida de los ciudadanos extranjeros, la situación jurídica de la activista Zohar Regev mantiene en vilo a las agrupaciones civiles. Regev, al poseer la ciudadanía israelí, no califica para el protocolo estándar de deportación inmediata.
Actualmente, se enfrenta a una vista penal en el Tribunal de Magistrados de Ashkelon bajo cargos presentados por el Estado que incluyen:
- Entrada ilegal a territorio administrado por Israel.
- Estancia no autorizada.
- Intento deliberado de violar el bloqueo de seguridad marítimo sobre la Franja de Gaza.
Defensores locales y colectivos internacionales han tildado estas acusaciones de «absurdas y contradictorias», argumentando que la activista fue interceptada por la fuerza en aguas de jurisdicción internacional por las unidades de la armada israelí y conducida al territorio contra su propia voluntad.