Durante un debate en el Consejo de Seguridad sobre la protección de civiles en conflicto, António Guterres destacó que la protección de estas personas debe llevarse a cabo mediante un esfuerzo conjunto de los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y otras entidades.
«La COVID-19 supone una gran amenaza para los refugiados y los desplazados internos hacinados en campamentos y para las comunidades que carecen de instalaciones sanitarias y de atención de la salud. Los casos ocurridos en un campamento de refugiados en Bangladesh y entre las personas desplazadas de un centro de protección de civiles en Sudán del Sur subrayan la importancia de incluir a las personas desplazadas en las actividades de preparación y prevención».
Guterres recordó que la intención del cese al fuego de alcance mundial que pidió el pasado mes de marzo fue para crear las condiciones de una respuesta más enérgica a la pandemia, prestar ayuda humanitaria a las personas más vulnerables, y abrir un espacio para el diálogo.
«Sin embargo, ese apoyo no se ha traducido en medidas concretas. En algunos casos, la pandemia puede suponer incluso un incentivo del que se aprovechen las partes beligerantes, o para atacar con más determinación mientras la atención internacional se centra en otro lugar», explicó.
Acto seguido indicó que en los lugares donde continúan los conflictos armados, la COVID-19 hace que la protección de los civiles sea más difícil que nunca, y que el apoyo de la Organización sea más importante que nunca.
«Sólo mediante el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y de los refugiados podemos proteger a los civiles, incluidos los trabajadores sanitarios y humanitarios y las infraestructuras, y aliviar la presión sobre los sistemas sanitarios. Pero las perspectivas son sombrías», destacó.
Las armas explosivas provocan masacres de civiles
Guterres recordó que su reciente informe al Consejo de Seguridad sobre la protección de civiles en conflictos armados muestra escasos avances y que solo en diez conflictos murieron o resultaron heridos más de 20.000 ciudadanos.
«El año pasado, por noveno año consecutivo, el 90% de las personas muertas por armas explosivas en zonas pobladas fueron civiles. Insto a todos los Gobiernos a que se comprometan firmemente a evitar el uso de armas explosivas con consecuencias de amplio alcance en las zonas pobladas», resaltó.
Además, indicó que durante el mismo periodo decenas de miles de niños se vieron obligados a participar en las hostilidades y que millones de personas fueron desplazadas como resultado de los conflictos armados.
Las mujeres, las niñas y las personas con discapacidades también resultaron gravemente afectadas por los conflictos alrededor del planeta. Una situación que también provoca los mayores escenarios de hambre en el mundo y que puede verse agravada por la pandemia del coronavirus.
«Hay unos 135 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en el mundo; más de la mitad vive en países y territorios afectados por conflictos. Prevemos que la COVID-19 provoque un fuerte aumento de esta cifra».
El Secretario General reiteró su llamado a los Estados a elaborar marcos nacionales que fortalezcan la protección de los civiles en los conflictos armados. Al mismo tiempo, destacó que deben garantizar la rendición de cuentas intensificando los esfuerzos para impedir las violaciones graves del derecho internacional, priorizando las investigaciones y los juicios.
